En el mundo empresarial, la comprensión precisa de las diversas obligaciones (laboral mercantil, etc.) no solamente las tributarias son fundamental para asegurar la operatividad continua de su negocio.
Para el empresario, el crédito fiscal no solamente es simplemente una deuda, sino la determinación de un adeudo fiscal derivada de un acto o resolución de autoridad fiscal. Procedimiento fiscalizador que, de no atenderlo con pericia, puede comprometer la liquidez o el patrimonio de su empresa.
¿Qué es técnicamente un crédito fiscal?
Desde la perspectiva de la doctrina y el artículo 4 del Código Fiscal de la Federación (CFF), el crédito fiscal es una obligación pecuniaria determinada en cantidad liquida que el Estado tiene derecho a percibir del contribuyente.
Anatomía del crédito fiscal: su monto real
El error común es pensar, que lo que se tiene que pagar es solamente el impuesto histórico omitido. La legislación establece que el crédito fiscal determinado se integra por:
- La Contribución Omitida: El impuesto base determinado (IVA, ISR, IEPS, etc.).
- Actualización: El ajuste por inflación para traer el valor del dinero al presente (Art. 17-A CFF).
- Recargos: La indemnización al fisco por la falta de pago oportuno (mora).
- Multas: La sanción económica por el incumplimiento de pagar las contribuciones. Por ejemplo, de entrada, una multa que va del 50 hasta 75 % del impuesto omitido, entre otras.
- Gastos de Ejecución: Los costos en que incurre la autoridad al iniciar el cobro coactivo.
Como podemos observar, el pago se integra no solamente por la contribución omitida; sino que además se le suman los accesorios correspondientes. Accesorios que van aumentar considerablemente el impuesto omitido determinado, afectando sus finanzas o liquidez.
El origen como nace el crédito fiscal
El crédito puede derivar de diversas formas, pero la generalidad, es a través del ejercicio de las facultades de comprobación por parte de las autoridades fiscal (sat, imss. Infonavit, etc.) Realizada por una auditoria fiscal en su domicilio fiscal; una revisión gabinete realizada en las oficinas de las autoridades; revisiones electrónicas. Y otras, cartas invitación o de vigilancia profunda, etc. que le están dando resultados positivos en la recaudación tributaria, sin ejercer sus facultades de comprobación.
La fase de ejecución. PAE
Una vez que el crédito fiscal es determinado y notificado y no se paga dentro de los 30 días hábiles siguientes de manera voluntaria, la autoridad puede cobrarlo de forma coactiva, mediante el procedimiento fiscal, conocido como Procedimiento Administrativo de Ejecución – PAE.
Este procedimiento, es la herramienta de cobro coactivo para hacer efectivo de manera inmediata el adeudo fiscal.
La Garantía del Interés Fiscal
Recordemos que, en México, rige la máxima: «El Fisco no litiga sin garantía». Si la empresa decide impugnar la legalidad de un crédito fiscal, es necesario otorgar la garantía fiscal, para que la autoridad suspenda el Procedimiento Administrativo de Ejecución para hacer efectivo el crédito fiscal.
La novedad es que con la reforma fiscal 2026 donde se estableció garantizar el crédito fiscal mediante billete de depósito- dinero; en abril de 2026, el empresario goza nuevamente de la Libre Elección para garantizar con cualquier forma establecida en la ley específica, pudiendo optar por la vía menos onerosa.
Estrategias de Prevención y Solución
La gestión del crédito fiscal no debe ser reactiva, sino estratégica; por ejemplo:
- Compliance Fiscal Permanente: Auditorías preventivas para detectar discrepancias antes que la autoridad.
- Atención Inmediata a Requerimientos: Los plazos en materia fiscal son fatales; una respuesta tardía puede convertir un error administrativo en un crédito fiscal firme.
- Defensa Jurídica Especializada: en último caso, ante la determinación de un crédito fiscal excesivo o ilegal, interponer los medios de defensa fiscal previstos.
En Prow Global nos sumaremos a tus equipos contables y legales para fortalecer las estrategias compartidas o en su caso, instauramos las estrategias para promover los recursos administrativos y jurisdiccionales necesarios para defenderlo de las arbitrariedades que pudieran cometer las autoridades a efectos de hacer nulas las sanciones, o créditos fiscales que se finquen en contra de su patrimonio.
